Qué derechos tiene un menor investigado penalmente

Cuando un menor de edad se encuentra bajo investigación penal, la angustia familiar es inmensa. Como abogado especializado en derecho penal juvenil, he visto el desconcierto en los ojos de padres que se preguntan qué derechos tiene un menor investigado penalmente y cómo pueden protegerlo. La legislación española otorga garantías específicas a los menores en el proceso penal, pero muchas familias desconocen estos mecanismos de protección cuando se enfrentan a esta situación por primera vez.

En este artículo, analizaré detalladamente las garantías legales que amparan a los adolescentes cuando se ven involucrados en un procedimiento judicial de naturaleza penal. Te mostraré cómo el sistema de justicia juvenil español está diseñado con un enfoque reeducativo y no meramente punitivo.

El sistema de justicia juvenil en España se rige principalmente por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Esta normativa establece un régimen especial para los menores entre 14 y 18 años que cometen infracciones penales, basado en principios educativos y resocializadores.

La LORPM reconoce que los menores se encuentran en una etapa de desarrollo y formación, por lo que las medidas aplicables deben orientarse a su reeducación más que al castigo. Este enfoque diferencial respecto al sistema penal de adultos es fundamental para entender las garantías específicas que protegen a un menor cuando es investigado penalmente.

Además, España ha ratificado tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en su artículo 40 que todo niño acusado de infringir las leyes penales tiene derecho a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y valor personal.

Cuando un adolescente se enfrenta a una investigación penal, cuenta con una serie de derechos fundamentales que deben ser respetados en todo momento. Estos derechos no son meras formalidades, sino garantías esenciales para un proceso justo:

• Derecho a la presunción de inocencia: Como cualquier ciudadano, el menor es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme.
• Derecho a ser informado: Debe ser informado de forma clara y comprensible sobre los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.
• Derecho a la asistencia letrada: La presencia de un abogado es obligatoria desde el momento de la detención y durante todo el procedimiento.
• Derecho a no declarar contra sí mismo: El menor puede guardar silencio sin que esto pueda interpretarse en su contra.
• Derecho a la presencia de los padres o tutores: Durante las declaraciones y diligencias, salvo que resulte contraproducente para el interés del menor.

En mi experiencia como abogado especializado en casos donde se investiga penalmente a menores, he comprobado que el respeto escrupuloso de estos derechos no solo es una obligación legal, sino que también contribuye a que el proceso tenga un verdadero carácter educativo.

La detención es quizás uno de los momentos más críticos cuando un menor se enfrenta a una investigación penal. El art. 17 de la LORPM establece garantías reforzadas para esta situación:

• La detención debe realizarse de la forma menos perjudicial posible para el menor.
• Debe ser notificada inmediatamente a los padres, tutores o representantes legales.
• El tiempo máximo de detención es de 24 horas antes de ser puesto a disposición del Fiscal de Menores (frente a las 72 horas del régimen general).
• La declaración del menor debe realizarse en presencia de su abogado y de sus representantes legales, salvo excepciones justificadas.
• Se debe evitar la estigmatización del menor, preservando su identidad frente a terceros.

Veamos por qué este detalle marca la diferencia: mientras que en el sistema penal de adultos la detención puede prolongarse hasta 72 horas, en el caso de menores se reduce a 24 horas, reconociendo así la especial vulnerabilidad de los adolescentes ante situaciones de privación de libertad.

Un aspecto fundamental de las garantías procesales es la protección de la intimidad e imagen del menor investigado. El art. 35.2 de la LORPM establece que las audiencias se celebrarán a puerta cerrada, y el juez puede acordar en cualquier momento que se prohíba la divulgación de información sobre la identidad del menor.

Esta protección busca evitar la estigmatización social del adolescente y facilitar su futura reinserción. Como abogado, siempre insisto en la importancia de este derecho, pues he visto cómo la exposición mediática puede causar daños irreparables en el desarrollo psicosocial de un menor.

Si tu hijo o un menor a tu cargo está siendo investigado penalmente, es crucial que conozcas no solo sus derechos, sino también las particularidades del procedimiento:

1. Fase de instrucción: Dirigida por el Fiscal de Menores, no por un juez instructor como en el proceso de adultos.
2. Posibilidad de conciliación y reparación: El art. 19 de la LORPM permite el sobreseimiento del expediente si el menor se concilia con la víctima o asume el compromiso de reparar el daño.
3. Equipo Técnico: Formado por psicólogos, educadores y trabajadores sociales que evalúan la situación personal, familiar y social del menor para recomendar la medida más adecuada.
4. Medidas cautelares: Solo se adoptan en casos excepcionales, priorizando siempre el interés superior del menor.
5. Audiencia (juicio): Celebrada ante el Juez de Menores, con características específicas adaptadas a la edad del investigado.

Desde mi experiencia en casos de menores investigados penalmente, suelo recomendar que las familias mantengan una actitud colaborativa con el Equipo Técnico, ya que su informe tiene un peso determinante en la resolución final del caso.

La defensa técnica del menor no es una simple formalidad, sino un derecho irrenunciable. El abogado del menor debe estar especializado en derecho penal juvenil y conocer las particularidades de este procedimiento.

Sus funciones incluyen:

• Asesorar al menor y a su familia sobre los derechos que les asisten.
• Estar presente en todas las declaraciones y diligencias.
• Solicitar pruebas y participar activamente en su práctica.
• Proponer medidas alternativas a las solicitadas por el Fiscal.
• Recurrir las resoluciones desfavorables cuando proceda.

Aquí viene lo que nadie te cuenta: a diferencia del proceso penal de adultos, en el de menores el abogado debe considerar no solo la defensa técnica de su cliente, sino también su interés educativo, lo que a veces implica estrategias diferentes a las habituales en la defensa de adultos.

Una de las principales diferencias entre el sistema penal de adultos y el de menores radica en las consecuencias jurídicas de la infracción. En lugar de penas, la LORPM habla de «medidas», con un marcado carácter educativo.

El art. 7 de la LORPM establece un amplio catálogo de medidas, entre las que destacan:

• Internamiento (en régimen cerrado, semiabierto o abierto)
• Libertad vigilada
• Prestaciones en beneficio de la comunidad
• Realización de tareas socioeducativas
• Tratamiento ambulatorio
• Amonestación

¿Quieres saber por qué esto es tan importante? Porque a diferencia del Código Penal, que establece penas fijas para cada delito, la LORPM permite una gran flexibilidad al juez para elegir la medida más adecuada a las circunstancias personales del menor, independientemente de la gravedad del delito cometido.

El procedimiento penal de menores incorpora garantías adicionales que refuerzan la protección del adolescente:

• Especialización de todos los operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados)
• Intervención del Equipo Técnico para valorar aspectos psicosociales
• Posibilidad de conformidad privilegiada, con reducción de la medida
• Limitación temporal de las medidas, con duración máxima de 8 años (frente a penas mucho más largas en adultos)
• Revisión periódica de las medidas impuestas

En mi opinión como abogado penalista experto en defensa de menores investigados, lo más importante al inicio es explicar al adolescente y su familia estas garantías específicas, para que comprendan que el sistema no busca castigar, sino reconducir comportamientos problemáticos.

Todas las actuaciones en el procedimiento penal de menores están guiadas por el principio del interés superior del menor, consagrado en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y recogido expresamente en la LORPM.

Este principio implica que cualquier decisión que se tome durante el procedimiento debe considerar primordialmente lo que sea mejor para el desarrollo y bienestar del menor, incluso por encima de otros intereses legítimos como la pretensión punitiva del Estado.

Si te encuentras en la difícil situación de que tu hijo adolescente esté siendo investigado por la comisión de un delito, te recomiendo seguir estas pautas:

1. Mantén la calma y transmite serenidad a tu hijo.
2. Busca inmediatamente asesoramiento legal especializado en derecho penal juvenil.
3. No presiones al menor para que confiese o niegue los hechos antes de hablar con su abogado.
4. Colabora con el Equipo Técnico durante la evaluación psicosocial.
5. Muestra disposición a participar en programas educativos o terapéuticos si son recomendados.
6. Respeta la confidencialidad del caso, evitando exponerlo en redes sociales o medios de comunicación.

Cuando una persona llega al despacho tras haber sido notificada de que su hijo está siendo investigado penalmente, lo primero que explicamos es que el sistema de justicia juvenil tiene una naturaleza distinta al de adultos, y que existen numerosas posibilidades de resolución alternativa que eviten consecuencias graves para el futuro del menor.

Para comprender mejor las garantías especiales que protegen a los menores investigados penalmente, es útil establecer una comparación con el sistema penal de adultos:

Esta comparativa nos muestra cómo el sistema de justicia juvenil está diseñado específicamente para proteger los derechos de los menores investigados penalmente, reconociendo su especial vulnerabilidad y potencial de rehabilitación.

Cómo te ayudamos en CódigoPenalEspaña con la defensa de menores investigados

En CódigoPenalEspaña, bajo mi dirección como abogado especializado en derecho penal juvenil, ofrecemos una defensa integral para menores que se encuentran bajo investigación penal. Nuestro enfoque combina el rigor jurídico con la sensibilidad necesaria para tratar con adolescentes en situaciones difíciles.

Acompañamos al menor y su familia desde el primer momento de la investigación, asistiendo a la declaración inicial ante el Fiscal de Menores, asesorando durante la intervención del Equipo Técnico y preparando minuciosamente la estrategia para la audiencia. Exploramos siempre las posibilidades de conciliación o reparación que puedan evitar la imposición de medidas más severas.

Nuestro compromiso va más allá de la mera defensa técnica: trabajamos para que el proceso tenga un verdadero carácter educativo y contribuya positivamente al desarrollo del menor, minimizando el impacto negativo que una investigación penal puede tener en su futuro.

Preguntas frecuentes sobre los derechos de menores investigados penalmente

¿A partir de qué edad un menor puede ser investigado penalmente en España?

En España, la responsabilidad penal de los menores se exige a partir de los 14 años y hasta los 18 años. Los menores de 14 años son inimputables penalmente, por lo que no pueden ser investigados ni juzgados por la comisión de delitos. En estos casos, se aplican medidas de protección a través de los servicios sociales y no del sistema de justicia juvenil.

¿Puede un menor investigado penalmente ingresar en prisión?

No, los menores investigados penalmente nunca ingresan en centros penitenciarios para adultos. En caso de que se acuerde una medida de internamiento, esta se cumple en centros específicos para menores, con personal especializado y programas educativos adaptados a su edad. Estos centros tienen características y regímenes completamente diferentes a las prisiones de adultos.

¿Qué ocurre si un menor comete un delito grave como un homicidio?

Incluso ante delitos muy graves como homicidio, los menores mantienen todas las garantías y derechos específicos del sistema de justicia juvenil. La LORPM establece medidas más severas para estos casos (como internamiento en régimen cerrado de mayor duración), pero siempre dentro del marco protector de la justicia juvenil y con finalidad educativa. La máxima duración del internamiento sería de 8 años, seguidos de 5 años de libertad vigilada.

Conclusión: La protección reforzada del menor en el sistema penal

Los derechos de los menores investigados penalmente constituyen un sistema de garantías reforzadas que reconoce la especial vulnerabilidad de los adolescentes y su potencial de cambio y desarrollo. La legislación española, en consonancia con los tratados internacionales, ha establecido un procedimiento específico que prioriza el interés superior del menor y su reeducación por encima de cualquier finalidad punitiva.

Como abogado especializado en la defensa de menores investigados, he podido comprobar cómo este enfoque diferencial permite, en muchos casos, reconducir situaciones problemáticas y evitar que un error cometido durante la adolescencia condicione toda una vida. El conocimiento de estos derechos y garantías es fundamental para que tanto los menores como sus familias puedan afrontar el proceso con las mejores herramientas posibles.

Si te encuentras en esta situación, recuerda que contar con asesoramiento legal especializado desde el primer momento puede marcar una diferencia significativa en el desarrollo y resultado del procedimiento. No dudes en buscar ayuda profesional para proteger adecuadamente los derechos de tu hijo o tutelado.