Qué medidas se pueden pedir para proteger al denunciante

Cuando alguien decide dar el paso de denunciar un delito, a menudo se enfrenta a un escenario de vulnerabilidad e incertidumbre. Como abogado especializado en derecho penal, he visto cómo muchos denunciantes se preguntan: ¿qué medidas se pueden pedir para proteger al denunciante? Esta preocupación es totalmente legítima y comprensible. El sistema judicial español contempla diversos mecanismos para salvaguardar la integridad y seguridad de quienes colaboran con la justicia, pero muchas personas desconocen estas herramientas legales que pueden marcar la diferencia en su situación.

Si te encuentras en la difícil posición de haber denunciado o estar considerando denunciar un delito, quiero que sepas que no estás solo. En este artículo, analizaré detalladamente todas las opciones de protección disponibles para ti, desde las más básicas hasta las más específicas según el tipo de procedimiento. Mi objetivo es que, tras leerlo, tengas claridad sobre los recursos legales que puedes solicitar para garantizar tu seguridad durante todo el proceso judicial.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la importancia de proteger a quienes colaboran con la justicia. La base legal para solicitar medidas de protección como denunciante se encuentra principalmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y en leyes específicas como la Ley 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.

El art. 13 LECrim establece que entre las primeras diligencias está «proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas». Esto abre la puerta a un amplio abanico de medidas que pueden solicitarse desde el primer momento de la denuncia.

¿Quieres saber por qué esto es tan importante? Porque la efectividad de estas medidas depende en gran parte de su solicitud temprana y adecuada fundamentación. Muchos denunciantes pierden oportunidades de protección simplemente por desconocimiento de sus derechos.

Existen mecanismos de protección fundamentales que cualquier persona que presenta una denuncia puede solicitar, independientemente del tipo de delito:

• Orden de alejamiento: Prohibición al denunciado de aproximarse o comunicarse con el denunciante, regulada en el art. 544 bis LECrim.
• Protección policial: Vigilancia policial periódica o permanente según el nivel de riesgo evaluado.
• Ocultación de datos personales: Los datos de identificación, domicilio y lugar de trabajo pueden no constar en las diligencias.
• Uso de medios tecnológicos: Como dispositivos de geolocalización o botones de pánico.

En mi experiencia como abogado especializado en la protección de denunciantes, he comprobado que estas medidas básicas, cuando se aplican correctamente, pueden prevenir situaciones de intimidación o represalias en un alto porcentaje de casos.

El procedimiento para solicitar estas medidas es relativamente sencillo:

1. Pueden pedirse en el mismo momento de interponer la denuncia.
2. También pueden solicitarse posteriormente mediante escrito dirigido al juzgado.
3. Es recomendable aportar cualquier indicio de riesgo o amenaza para fundamentar la petición.
4. Un abogado puede ayudar a redactar la solicitud de manera que tenga mayores probabilidades de ser aceptada.

Aquí viene lo que nadie te cuenta: la forma en que se redacta y fundamenta la solicitud puede ser determinante para su concesión. No basta con pedirlas; hay que justificar adecuadamente por qué son necesarias en tu caso concreto.

Dependiendo del delito denunciado, existen mecanismos de protección específicos que se adaptan a las particularidades de cada situación:

Protección en casos de violencia de género

La Ley Orgánica 1/2004 establece un sistema integral de protección para las víctimas de violencia de género que incluye:

• Orden de protección (art. 544 ter LECrim) que integra medidas penales y civiles.
• Acceso prioritario a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.
• Derechos laborales especiales y ayudas económicas.
• Asistencia jurídica gratuita especializada.

Protección a denunciantes de corrupción

La reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece:

• Confidencialidad de la identidad del informante.
• Prohibición de represalias laborales.
• Canales de denuncia seguros.
• Posibilidad de indemnización por daños sufridos.

Protección a testigos y peritos

La Ley Orgánica 19/1994 contempla medidas como:

• Uso de biombo o videoconferencia para declarar sin ser visto.
• Asignación de número o clave en lugar del nombre real.
• Prohibición de toma de imágenes.
• En casos extremos, cambio de identidad y medios económicos para cambiar de residencia o lugar de trabajo.

Si has dado el paso de denunciar, es fundamental que conozcas tus derechos y las opciones de protección disponibles en cada fase del procedimiento:

En la fase de investigación

Durante esta etapa inicial puedes solicitar:

• Declarar sin confrontación visual con el investigado (art. 433 LECrim).
• Grabación de tu declaración para evitar repeticiones innecesarias.
• Acompañamiento por persona de tu elección.
• Notificaciones sobre la situación procesal del investigado, especialmente si queda en libertad.

Durante el juicio oral

En esta fase crítica, puedes solicitar:

• Declaración por videoconferencia desde otro lugar.
• Uso de biombo o mamparas para evitar el contacto visual.
• Celebración de vista a puerta cerrada (art. 681 LECrim).
• Evitar confrontación directa con el acusado en dependencias judiciales.

Veamos por qué este detalle marca la diferencia: muchos denunciantes abandonan los procedimientos por miedo a enfrentarse al denunciado durante el juicio, cuando existen mecanismos legales para evitar precisamente esa situación traumática.

La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito establece protecciones reforzadas para ciertos colectivos considerados especialmente vulnerables:

• Menores de edad: Declaración a través de expertos, grabación previa de testimonios, evitar repeticiones.
• Personas con discapacidad: Adaptaciones en la comunicación y accesibilidad a las instalaciones judiciales.
• Víctimas de delitos sexuales: Evitar contacto con el agresor, declaración sin público, preguntas limitadas sobre vida privada.
• Víctimas de trata: Periodo de restablecimiento y reflexión, posibilidad de residencia temporal, programas específicos de protección.

Desde mi experiencia en casos de protección a denunciantes vulnerables, suelo recomendar que estas medidas se soliciten de forma explícita y detallada, ya que a pesar de estar previstas en la ley, no siempre se aplican automáticamente si no son expresamente solicitadas.

Para maximizar las posibilidades de que se concedan las medidas de protección solicitadas, es fundamental presentar una petición bien fundamentada:

1. Acreditar la situación de riesgo: Mediante partes médicos, mensajes amenazantes, testigos de incidentes previos o informes psicológicos.
2. Especificar las medidas concretas: Detallar exactamente qué tipo de protección se necesita y por qué.
3. Justificar la proporcionalidad: Explicar por qué las medidas solicitadas son adecuadas y no excesivas.
4. Aportar precedentes: Si existen casos similares donde se concedieron medidas parecidas.

En mi opinión como abogado experto en la protección de denunciantes, lo más importante al inicio es no escatimar en documentación que acredite el riesgo. Los jueces necesitan elementos objetivos para valorar la necesidad de las medidas, y cuanta más evidencia se aporte, mayores serán las probabilidades de obtener la protección necesaria.

La denegación de medidas protectoras para el denunciante no es el final del camino. Existen varias opciones:

• Recurso de reforma: Ante el mismo juez que denegó las medidas, aportando nuevos argumentos o pruebas (art. 211 LECrim).
• Recurso de apelación: Ante el tribunal superior, si el de reforma es desestimado (art. 212 LECrim).
• Nueva solicitud: Si aparecen nuevos hechos o circunstancias que justifiquen la protección.
• Solicitud de medidas alternativas: Si las inicialmente pedidas se consideraron desproporcionadas.

Cuando una persona llega al despacho tras haberle sido denegadas las medidas de protección como denunciante, lo primero que explicamos es que esta situación es reversible y que existen múltiples vías para insistir en la necesidad de protección, adaptando la estrategia según los motivos de la denegación inicial.

Las medidas de protección no son estáticas y pueden evolucionar según cambien las circunstancias:

Prórroga de las medidas

Muchas medidas tienen un plazo determinado y es necesario solicitar su prórroga antes de que venzan. Es recomendable hacerlo con al menos 15 días de antelación, justificando por qué sigue siendo necesaria la protección.

Ampliación o reducción

Si el nivel de riesgo aumenta o disminuye, se puede solicitar la modificación de las medidas para adaptarlas a la nueva situación. Esto requiere nueva documentación que acredite el cambio de circunstancias.

Seguimiento del cumplimiento

Es fundamental reportar cualquier quebrantamiento de las medidas impuestas. Esto no solo puede conllevar consecuencias penales para el infractor, sino también la adopción de medidas más severas.

La protección efectiva del denunciante va más allá de las medidas judiciales e incluye recursos complementarios:

• Asistencia psicológica: A través de las Oficinas de Atención a las Víctimas.
• Apoyo social: Acceso a recursos de emergencia como alojamiento temporal.
• Orientación laboral: Especialmente importante en casos de denuncias en el ámbito laboral.
• Asesoramiento jurídico integral: Que abarque todas las consecuencias de la denuncia (civiles, laborales, administrativas).

Como abogado especializado en la defensa de denunciantes, considero que un enfoque holístico es fundamental para garantizar no solo la seguridad física, sino también el bienestar psicológico y la estabilidad vital de quien ha dado el valiente paso de denunciar.

En CódigoPenalEspaña, bajo mi dirección como abogado especializado, ofrecemos un acompañamiento integral a quienes necesitan protección tras presentar una denuncia. Nuestro trabajo comienza desde el primer momento, asesorándote sobre qué medidas de protección solicitar según tu caso específico y cómo fundamentarlas adecuadamente para maximizar las posibilidades de que sean concedidas.

Te acompañamos durante todo el procedimiento: desde la redacción de la solicitud inicial de medidas protectoras, pasando por la preparación para declaraciones y comparecencias, hasta la gestión de posibles recursos si las medidas son denegadas. Además, coordinamos con otros profesionales (psicólogos, trabajadores sociales) cuando es necesario un enfoque multidisciplinar para garantizar tu seguridad y bienestar.

Nuestro compromiso es que ningún denunciante quede desprotegido por desconocimiento de sus derechos o por falta de asistencia legal especializada.

¿Puedo solicitar medidas de protección si ya ha pasado tiempo desde que presenté la denuncia?

Sí, las medidas de protección para el denunciante pueden solicitarse en cualquier momento del procedimiento, no solo al inicio. Si han surgido amenazas o situaciones de riesgo después de presentar la denuncia, puedes solicitar protección aportando pruebas de estos nuevos hechos. El juzgado evaluará la situación actual de riesgo independientemente del tiempo transcurrido.

¿Qué ocurre si el denunciado incumple las medidas de protección que se han establecido?

El incumplimiento de las medidas de protección constituye un delito de quebrantamiento de medida cautelar (art. 468 CP), que puede conllevar penas de prisión de seis meses a un año o multa. Además, este incumplimiento suele provocar el endurecimiento de las medidas iniciales, pudiendo llegarse incluso a la prisión provisional del denunciado. Es fundamental denunciar inmediatamente cualquier quebrantamiento.

¿Tengo derecho a conocer si el denunciado queda en libertad tras ser detenido?

Sí, el Estatuto de la Víctima del Delito (Ley 4/2015) establece en su artículo 7 el derecho a recibir información sobre la causa penal, incluyendo la notificación de las resoluciones que acuerden la prisión o posterior puesta en libertad del infractor. Para ello, debes solicitar expresamente ser informado de estas circunstancias y facilitar una dirección de correo electrónico o postal donde recibir las notificaciones.

La decisión de denunciar un delito requiere valentía, y nuestro sistema jurídico reconoce esta realidad ofreciendo diversas medidas para proteger al denunciante que pueden adaptarse a cada situación particular. Desde órdenes de alejamiento hasta programas completos de protección de testigos, pasando por mecanismos específicos para colectivos vulnerables, existen herramientas legales efectivas para garantizar tu seguridad.

Lo más importante es no quedarse callado por miedo. Con el asesoramiento adecuado, puedes acceder a la protección que necesitas mientras colaboras con la justicia. Recuerda que solicitar estas medidas es un derecho, no un privilegio, y que los profesionales del derecho estamos aquí para ayudarte a navegar este complejo proceso.

Si te encuentras en la situación de necesitar protección como denunciante, te animo a buscar asesoramiento legal especializado. A veces, la diferencia entre obtener una protección efectiva o quedarse desprotegido radica simplemente en saber cómo y cuándo solicitarla adecuadamente.