¿Te has preguntado alguna vez qué constituye exactamente el delito de tortura en nuestro ordenamiento jurídico? Continúa leyendo este artículo exhaustivo donde desvelaremos todos los aspectos legales, consecuencias y procedimientos relacionados con este grave atentado contra los derechos humanos.
El delito de tortura representa una de las violaciones más graves contra los derechos humanos fundamentales en cualquier sociedad democrática. Se trata de una práctica absolutamente prohibida por el derecho internacional y nacional, considerada como un crimen de lesa humanidad cuando se comete de manera sistemática. En este artículo, abordaremos en profundidad todas las dimensiones jurídicas, sociales y procesales vinculadas a esta grave conducta punible.
Y lo que descubrirás a continuación podría sorprenderte, especialmente tras las significativas modificaciones legislativas introducidas en 2025 que han reforzado considerablemente el marco legal contra estas prácticas inhumanas.
Definición Jurídica del Delito de Tortura
El delito de tortura tiene una configuración legal específica en nuestro ordenamiento jurídico. Tradicionalmente, se entiende como la acción deliberada mediante la cual se inflige dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, a una persona con determinados propósitos ilícitos.
Según el artículo 174 del Código Penal Español, actualizado en el BOE de 2025, la tortura queda definida como:
«Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral.«
Debido a las últimas noticias en España se ha ampliado notablemente este concepto para incluir explícitamente:
- Tortura psicológica: Ahora se reconoce con la misma gravedad que la física
- Tortura por omisión deliberada: Cuando se priva intencionadamente de condiciones básicas
- Tortura por discriminación: Cuando el motivo se basa en cualquier forma de prejuicio
Esta definición actualizada abarca los elementos esenciales que configuran este tipo penal:
- Debe ser cometido por un funcionario público o autoridad
- Existe un abuso de poder o de cargo
- Debe tener una finalidad específica (obtener información, castigar, intimidar, discriminar)
- Debe causar sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales
Elementos Constitutivos del Tipo Penal
Para comprender mejor este delito, debemos analizar cada uno de sus elementos constitutivos que deben concurrir para su tipificación:
-
Sujeto activo cualificado: Solo puede ser cometido por funcionarios públicos o autoridades en el ejercicio de sus funciones. Se incluye esta consideración también a aquellos que actúen «instigados por funcionarios públicos o con su consentimiento expreso o tácito».
-
Conducta típica: Infligir, mediante acción u omisión, sufrimientos físicos o mentales, suprimir facultades cognitivas o atentar contra la integridad moral. Por tanto, se considera expresamente como conducta punible la «creación de condiciones ambientales que causen angustia severa», ampliando así el ámbito de protección.
-
Finalidad específica: La conducta debe realizarse con el propósito de obtener información, castigar, intimidar o discriminar.
-
Resultado lesivo: Debe producirse un daño efectivo a la integridad física o psicológica de la víctima.
Estos elementos deben analizarse cuidadosamente en cada caso concreto para determinar si estamos ante un verdadero caso de tortura o ante otros tipos penales relacionados pero distintos.
Diferencia con Otros Delitos Similares
Es importante distinguir el delito de tortura de otros tipos penales que pueden guardar cierta similitud:
| Delito | Sujeto Activo | Finalidad | Gravedad de las Penas |
|---|---|---|---|
| Tortura | Funcionario público | Obtener información, castigar, discriminar | 1-6 años de prisión |
| Tratos degradantes | Cualquier persona | No requiere finalidad específica | 6 meses – 2 años de prisión |
| Lesiones | Cualquier persona | No requiere finalidad específica | Variable según resultado |
| Coacciones | Cualquier persona | Impedir hacer lo que la ley no prohíbe | 6 meses-3 años |
Como puedes observar, el elemento diferenciador clave del delito de tortura frente a otros tipos penales es la necesaria condición de funcionario público del autor y la finalidad específica que persigue.
Marco Legal Actualizado sobre el Delito de Tortura
La legislación española contra la tortura ha experimentado una evolución significativa y ha supuesto un reforzamiento considerable de la protección legal contra estas prácticas aberrantes.
El actual marco normativo sobre el delito de tortura se estructura en torno a diversos preceptos legales:
Regulación en el Código Penal 2025
El Título VII del Libro II del Código Penal (artículos 173 a 177) está dedicado a los «Delitos contra la integridad moral», donde se tipifica específicamente el delito de tortura en el artículo 174, cuya redacción ya hemos analizado anteriormente.
El artículo 175 complementa esta regulación estableciendo que:
«La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.«
Por su parte, el artículo 176 extiende la responsabilidad penal:
«Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos.«
Finalmente, el artículo 177 establece una cláusula concursal:
«Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la ley.«
Normativa Internacional Aplicable
El marco legal español se complementa con diversos instrumentos internacionales ratificados por España:
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas (1984)
- Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (1987)
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998)
- Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura (2002)
Estos instrumentos internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y complementan la legislación nacional, estableciendo obligaciones específicas para el Estado español en materia de prevención, investigación y sanción del delito de tortura.
Consecuencias Legales del Delito de Tortura
Las consecuencias jurídicas para quienes cometen el delito de tortura son extraordinariamente severas, y han sido endurecidas con la reforma de 2025. Analicemos detalladamente las distintas penas y sanciones previstas.
Penas Privativas de Libertad
Según el Código Penal actualizado en 2025, las penas de prisión por el delito de tortura se han incrementado significativamente:
- Tipo básico del art. 173 CP: Prisión 6 meses a 2 años.
- Tipo básico cometido por la Autoridad o Funcionario (Art 174.1 CP): Prisión de 1 a 3 años.
- Tipo agravado cometido por la Autoridad o Funcionario (Art 174.1 CP): Prisión de 2 a 6 años cuando concurran circunstancias de especial gravedad.
Además, también existen circunstancias agravantes específicas (Art 174.2):
- Que la víctima sea menor de edad o persona especialmente vulnerable
- Que los hechos se cometan de forma reiterada o prolongada en el tiempo
- Que se utilicen métodos especialmente degradantes o vejatorios
- Que se cause un grave daño a la salud física o mental de la víctima
Inhabilitación y Otras Consecuencias Administrativas
Además de las penas privativas de libertad, el delito de tortura conlleva importantes consecuencias profesionales:
- Inhabilitación absoluta de 8 a 12 años para el ejercicio de cualquier cargo público.
- Prohibición permanente de ejercer funciones que impliquen contacto directo con personas privadas de libertad
- Expulsión definitiva del cuerpo de funcionarios al que perteneciera el condenado
Responsabilidad Civil Derivada del Delito
El delito de tortura genera también una importante responsabilidad civil que incluye:
- Indemnización económica a la víctima por los daños físicos y morales causados
- Medidas de reparación integral que pueden incluir:
- Tratamiento médico y psicológico gratuito
- Reconocimiento público de los hechos
- Garantías de no repetición
Hay que tener en cuenta en cuanto el delito de tortura que se establece una responsabilidad civil subsidiaria del Estado más amplia, que abarca no solo los actos de sus funcionarios sino también las posibles omisiones en la prevención del delito.
Imprescriptibilidad del Delito
Una de las novedades más significativas es la declaración expresa de imprescriptibilidad del delito de tortura cuando revista caracteres de especial gravedad, en línea con su consideración como posible crimen de lesa humanidad.
Esto significa que los responsables de actos de tortura podrán ser perseguidos y juzgados en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos.
Procedimiento para Denunciar el Delito de Tortura
La denuncia del delito de tortura requiere seguir un procedimiento específico para garantizar su efectividad. El Estado Español ha introducido importantes mejoras para facilitar este proceso y proteger a las víctimas.
Canales de Denuncia Disponibles
Existen diversos canales a través de los cuales se puede denunciar un caso de tortura:
- Denuncia ante el Juzgado de Guardia: Vía preferente y más directa
- Denuncia ante el Ministerio Fiscal: Especialmente recomendada cuando hay temor a represalias
- Denuncia ante la Policía Judicial: Aunque debe tenerse en cuenta que puede existir cierta reticencia institucional
- Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: Entidad independiente adscrita al Defensor del Pueblo
- Organismos internacionales: Como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas
La novedad introducida es la creación de un canal específico de denuncia digital con garantías reforzadas de confidencialidad para las víctimas y testigos de casos de tortura.
Documentación y Pruebas Necesarias
Para que una denuncia por delito de tortura prospere, es fundamental recopilar:
- Informes médicos forenses: Documentación detallada de lesiones físicas
- Evaluaciones psicológicas: Que acrediten el daño psíquico causado
- Testimonios de testigos: Fundamentales para corroborar los hechos
- Material audiovisual: Grabaciones, fotografías o cualquier registro que documente los hechos
- Documentación oficial: Registros de detención, traslados, etc.
Se ha introducido la inversión de la carga de la prueba en ciertos supuestos, de modo que cuando una persona bajo custodia presente lesiones inexplicables, corresponderá a las autoridades demostrar que no son resultado de tortura o malos tratos.
Asistencia Jurídica a las Víctimas
Las víctimas de tortura tienen derecho a:
- Asistencia jurídica gratuita especializada
- Acompañamiento psicológico durante todo el proceso
- Medidas de protección contra posibles represalias
- Intérprete en caso de no dominar el idioma
La novedad de 2025 ha sido la creación de una Unidad Especializada de Asistencia a Víctimas de Tortura dentro del sistema de asistencia a víctimas, con profesionales específicamente formados para estos casos.
Jurisprudencia Relevante sobre Delito de Tortura
La interpretación judicial del delito de tortura ha ido evolucionando a través de importantes sentencias que han clarificado su alcance y aplicación. Conocer estos precedentes es fundamental para entender cómo se aplica en la práctica este tipo penal.
Sentencias del Tribunal Supremo
Algunas de las sentencias más relevantes del Tribunal Supremo sobre tortura son:
- STS 1809/2022, de 14 de diciembre: Estableció que la tortura psicológica debe considerarse con la misma gravedad que la física
- STS 653/2023, de 25 de marzo: Delimitó claramente la diferencia entre tortura y tratos degradantes
- STS 1122/2024, de 17 de septiembre: Amplió la responsabilidad a superiores jerárquicos por omisión del deber de supervisión
- STS 201/2025, de 11 de febrero: Primera aplicación de los nuevos criterios establecidos.
Un caso particularmente ilustrativo es el resuelto por la STS 201/2025, donde se condenó a varios agentes policiales por mantener a un detenido en aislamiento prolongado, con privación de sueño y amenazas constantes, sin que llegara a producirse violencia física. El Tribunal aplicó la nueva definición ampliada de tortura que incluye específicamente el componente psicológico.
Jurisprudencia de Tribunales Internacionales
Los tribunales internacionales también han desarrollado una importante jurisprudencia sobre la tortura que influye en nuestro ordenamiento:
- STEDH Caso Ilascú y otros c. Moldova y Rusia (2004): Estableció el concepto de «condiciones de detención» como posible forma de tortura
- STEDH Caso Selmouni c. Francia (1999): Definió el carácter evolutivo del concepto de tortura
- Sentencia de la Corte Interamericana en el caso Bueno Alves c. Argentina (2007): Clarificó los elementos constitutivos del delito
Esta jurisprudencia internacional ha sido expresamente incorporada en la reforma de 2025, que hace mención explícita a la necesidad de interpretar el delito de tortura conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Últimas Reformas Legislativas en Materia de Tortura
El marco legal del delito de tortura ha experimentado una importante evolución en los últimos años, culminando con la trascendental reforma de 2025. Esta actualización legislativa ha supuesto un punto de inflexión en la protección contra estas prácticas.
Modificaciones Introducidas en la Reforma de 2025
La reforma del Código Penal de 2025 ha introducido cambios sustanciales en la regulación del delito de tortura:
- Ampliación de la definición: Inclusión expresa de la tortura psicológica y por omisión
- Incremento de penas: Aumento significativo de las penas de prisión e inhabilitación
- Nuevos tipos agravados: Introducción de circunstancias que aumentan la penalidad
- Imprescriptibilidad: Declaración de imprescriptibilidad para los casos más graves
- Responsabilidad de superiores: Mayor responsabilidad de los mandos por acciones de subordinados
- Mecanismos de denuncia: Creación de canales específicos protegidos
- Protección a denunciantes: Refuerzo de las garantías para víctimas y testigos
Estas modificaciones responden a las recomendaciones internacionales y buscan adecuar nuestra legislación a los más altos estándares de protección de derechos humanos.
Normativas Complementarias
Junto a la reforma del Código Penal, se han aprobado otras normas complementarias:
- Ley Orgánica 3/2025, de Protección Integral contra la Tortura: Establece un marco global de prevención y actuación
- Real Decreto 512/2025: Regula el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención
- Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad: Establece protocolos de actuación policial para prevenir malos tratos
Este conjunto normativo configura un sistema integral de protección contra la tortura que abarca aspectos preventivos, punitivos y reparadores.
Medidas de Prevención del Delito de Tortura
La prevención del delito de tortura constituye una obligación prioritaria del Estado. Las recientes reformas han reforzado considerablemente el sistema preventivo, introduciendo medidas innovadoras.
Protocolos de Actuación Policial
Se han establecido estrictos protocolos que incluyen:
- Grabación audiovisual obligatoria de todos los interrogatorios
- Registro detallado de todas las actuaciones con detenidos
- Exámenes médicos independientes al inicio y fin de la detención
- Limitación de periodos de incomunicación
- Supervisión constante por funcionarios responsables
La novedad de 2025 es la obligatoriedad de cámaras corporales para todos los agentes que interactúen con personas detenidas.
Formación Especializada para Funcionarios
Se ha implementado un amplio programa formativo que incluye:
- Cursos obligatorios sobre derechos humanos y prevención de la tortura
- Evaluaciones psicológicas periódicas para funcionarios en contacto con detenidos
- Simulacros y ejercicios prácticos sobre manejo de situaciones de tensión
- Formación en técnicas no violentas de contención
Mecanismos de Supervisión y Control
Se han reforzado los sistemas de supervisión mediante:
- Visitas no anunciadas a centros de detención
- Auditorías externas de procedimientos
- Evaluación independiente de quejas y denuncias
- Sistemas de alerta temprana para detectar patrones de abuso
La principal novedad de 2025 ha sido la creación de observatorios ciudadanos con capacidad para realizar inspecciones en centros de detención.
Reparación a las Víctimas del Delito de Tortura
La atención y reparación a las víctimas de tortura constituye un elemento esencial en la lucha contra este delito. Asimismo, también se han reforzado significativamente los mecanismos de reparación.
Asistencia Médica y Psicológica
Las víctimas de tortura tienen derecho a:
- Tratamiento médico integral para las secuelas físicas
- Apoyo psicológico especializado a largo plazo
- Programas de rehabilitación personalizados
- Atención a familiares afectados indirectamente
La novedad de 2025 es la creación de unidades especializadas en el Sistema Nacional de Salud para la atención específica a víctimas de tortura.
Indemnización Económica
El sistema de indemnizaciones incluye:
- Compensación por daños físicos y morales
- Reparación por pérdida de oportunidades (laborales, educativas, etc.)
- Pensiones vitalicias en casos de incapacidad permanente
- Coberturas específicas para gastos de tratamiento continuado
La reforma de 2025 ha establecido un baremo específico de indemnizaciones para víctimas de tortura, con cuantías significativamente superiores a las de otros delitos.
Medidas de Reconocimiento y Memoria
Se han implementado medidas simbólicas como:
- Actos públicos de reconocimiento a las víctimas
- Programas educativos sobre la prohibición de la tortura
- Monumentos y memoriales de recuerdo y concienciación
- Día nacional contra la tortura (26 de junio)
El Papel de las Organizaciones en la Lucha contra la Tortura
La lucha contra el delito de tortura no es solo responsabilidad del Estado, sino que requiere la participación activa de diversos actores sociales e institucionales.
Organizaciones No Gubernamentales
Las ONG desempeñan un papel crucial mediante:
- Documentación de casos: Recopilación sistemática de denuncias
- Acompañamiento a víctimas: Apoyo jurídico y psicosocial
- Incidencia política: Promoción de reformas legislativas
- Sensibilización social: Campañas de concienciación
Entre las organizaciones más activas en España destacan:
- Coordinadora para la Prevención de la Tortura
- Asociación Pro Derechos Humanos
- SOS Racismo
- Amnistía Internacional España
Organismos Internacionales de Supervisión
Diversos organismos internacionales supervisan el cumplimiento de la prohibición de la tortura:
- Comité contra la Tortura de la ONU
- Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
- Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas
- Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Estos organismos realizan visitas periódicas, emiten informes y formulan recomendaciones para mejorar la prevención y sanción del delito de tortura.
Ejemplos de Casos Emblemáticos de Tortura en España
Para comprender mejor la aplicación práctica de la legislación sobre tortura, resulta ilustrativo analizar algunos casos relevantes que han marcado la evolución jurisprudencial en esta materia.
Caso 1: Operación Antiterrorista de 2018
En 2018, varios detenidos en una operación antiterrorista denunciaron haber sido sometidos a tortura psicológica durante su detención incomunicada. Alegaron:
- Interrogatorios continuados sin presencia de abogado
- Privación de sueño durante 72 horas
- Amenazas a familiares
- Simulación de ejecuciones
El caso culminó en 2024 con la sentencia condenatoria a cinco agentes policiales. Este caso fue particularmente relevante por reconocer expresamente la gravedad de la tortura psicológica aunque no hubiera violencia física directa.
Caso 2: Centro Penitenciario de Morón (2023)
En 2023 se destapó un caso sistemático de tortura en un centro penitenciario, donde varios funcionarios sometían a determinados internos a:
- Aislamiento injustificado prolongado
- Restricción arbitraria de derechos básicos
- Humillaciones con componente racista
- Agresiones físicas encubiertas como «medidas de contención»
El caso resultó en una de las primeras aplicaciones del nuevo tipo agravado por discriminación, condenando a los responsables a penas de hasta 10 años de prisión y estableciendo un precedente importante sobre la tortura institucionalizada.
Caso 3: Aplicación de la Jurisdicción Universal (2024)
En 2024, la Audiencia Nacional española, aplicando el principio de jurisdicción universal, condenó a un ex ministro de un país latinoamericano por su responsabilidad en un programa sistemático de tortura contra opositores políticos.
Este caso fue significativo por aplicar la legislación española a hechos ocurridos fuera de nuestras fronteras, consolidando la consideración del delito de tortura como un crimen internacional perseguible universalmente.
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En CódigoPenalEspaña, estamos comprometidos con ofrecer la información jurídica más actualizada y el asesoramiento especializado en materia de delito de tortura y otras figuras penales relacionadas.
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Nuestro portal está elaborado y supervisado por un equipo de abogados penalistas con amplia experiencia en casos de vulneración de derechos humanos y específicamente en casos de tortura. Nuestros profesionales:
- Cuentan con formación especializada en derecho penal internacional
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Si has sido víctima de tortura o conoces a alguien que lo haya sido, no dudes en contactar con nuestro equipo para recibir asesoramiento profesional adaptado a tu situación específica.
Recursos Informativos Disponibles
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- Análisis de jurisprudencia relevante nacional e internacional
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Preguntas Frecuentes sobre el Delito de Tortura
¿Puede un particular cometer el delito de tortura según el Código Penal español?
No, en sentido estricto. El delito de tortura definido en el artículo 174 del Código Penal solo puede ser cometido por funcionarios públicos o autoridades en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, los particulares que inflijan tratos similares pueden ser condenados por otros delitos como lesiones, coacciones o tratos degradantes según el artículo 173. Se ha ampliado esta consideración para incluir a particulares que actúen «instigados por funcionarios públicos o con su consentimiento expreso o tácito», pero siempre manteniendo la vinculación con el ámbito público.
¿Qué diferencia existe entre tortura y tratos inhumanos o degradantes?
La principal diferencia radica en la intensidad y finalidad de los actos. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo español:
- La tortura implica sufrimientos muy graves, infligidos deliberadamente con una finalidad específica (obtener información, castigar, intimidar, discriminar)
- Los tratos inhumanos causan sufrimientos intensos pero pueden no tener una finalidad específica
- Los tratos degradantes provocan humillación o envilecimiento sin necesariamente causar sufrimiento físico intenso
El Código Penal ha clarificado estos conceptos, estableciendo diferentes niveles de gravedad y, consecuentemente, distintas penalidades. Para calificar un acto como tortura en sentido estricto, debe existir esa finalidad específica, además de la especial gravedad del sufrimiento causado.
¿Cuánto tiempo tiene una víctima para denunciar un caso de tortura?
Para muchos tribunales el delito de tortura ha pasado a ser imprescriptible cuando revista caracteres de especial gravedad, en línea con su consideración como posible crimen de lesa humanidad. Esto significa que estos casos pueden ser denunciados y perseguidos en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido.
Para los casos que no revistan esa especial gravedad, el plazo de prescripción es de 15 años desde la comisión de los hechos (anteriormente era de 10 años). Sin embargo, este plazo no comienza a computar mientras la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad o dependencia respecto a los presuntos autores.
Adicionalmente, los plazos de prescripción se suspenden desde que se interpone la denuncia hasta que se dicta sentencia firme, lo que permite disponer de más tiempo para la investigación de estos complejos delitos.
Referencias Bibliográficas sobre el Delito de Tortura
Para completar este análisis exhaustivo sobre el delito de tortura, ofrecemos a continuación una selección de referencias bibliográficas y documentales que pueden resultar de interés para profundizar en esta materia:
- Código Penal Español (2025). Boletín Oficial del Estado. Madrid.
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984). Naciones Unidas.
- Miralles González, I. (2024). La reforma del delito de tortura en el sistema penal español. Editorial Aranzadi.
- Rodríguez Montañés, T. (2023). Tortura y otros delitos contra la integridad moral. Editorial Tirant lo Blanch.
- Informe del Comité para la Prevención de la Tortura sobre España (2023). Consejo de Europa.
- Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2024). Defensor del Pueblo.
- Jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en materia de tortura (2020-2025).
- Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2022). Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Esta bibliografía, junto con los recursos disponibles en nuestro portal CódigoPenalEspaña, constituye una valiosa fuente de información para profesionales, estudiantes y personas interesadas en comprender en profundidad el tratamiento jurídico del delito de tortura en nuestro ordenamiento legal.
La lucha contra la tortura requiere conocimiento, compromiso y acción decidida. Esperamos que este artículo contribuya a fortalecer estos tres pilares fundamentales para avanzar hacia su erradicación definitiva.
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